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El deber que recae sobre el público de salvar la vida humana es de primerísimo orden. A estos efectos, es deber de la sociedad establecer un servicio de salud y de atención médica, policía para evitar el crimen y bomberos para el rescate en caso de incendio. Quien se encuentre apostado en una función médica, policíaca o de combate al fuego debe actuar de acuerdo a las directivas de procedimiento aunque ello implique poner en riesgo su vida, ya que quienes trabajan en estas organizaciones no lo hacen como individuos que no deben arriesgar su vida por el prójimo sino como representantes o enviados de la sociedad, por lo que cuando resulta altamente probable que el salvataje sea coronado por el éxito deben ponerse en riesgo en aras de salvar una vida humana en concordancia con los procedimientos prestablecidos para esas funciones. En mérito de ello, a pesar del riesgo que asumen los trabajadores de estas entidades, en resumen, muchas más vidas fueron salvadas.
En el caso de una guerra en la defensa del pueblo, el deber se ve incrementado, y todos los soldados junto a los trabajadores de los organismos públicos de rescate deben seguir las instrucciones del comando militar, y en caso de ser necesario, aunque las probabilidades de morir en acción sean mayores, deben arriesgar sus vidas en aras de salvar a la nación. O sea, en situación de guerra, la valuación incluye al total de la nación, pues solamente así se contribuye a salvar al pueblo y a un mayor número de sus hijos.
